La OEA, con sus deficiencias y fragilidades, ha
sido un foro útil para dirimir conflictos relacionados con Ecuador.
Las críticas del Gobierno Ecuatoriano contra la
OEA se profundizaron a raíz del fracaso de mediación durante el golpe de
estado en Honduras.
Con respecto a la OEA y Washington, Correa tiene
dos agendas: una ideológica y otra electoral.
Sumario
La
agenda de algunos mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, es alejarse lo más pronto y lo más lejos posible de la
Organización de Estados Americanos (OEA), vista por ellos como la máxima
representante del poder hegemónico de Washington. En este enrarecido ambiente,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una víctima colateral
que, por ser adscrita a la OEA, arrecian las críticas en su contra, muy a pesar
de que su trabajo difiere del accionar inoperante y politizado de la OEA. La
corriente de desconfianza en contra de este foro hemisférico, en el caso de
Ecuador ha hecho que el país busque otros foros, como Unasur, Alba y ahora la
Celac, para hacer oir su voz
Uno
de los personajes del escritor austriaco, Karl Kraus exclamaba: “El que
tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle”. Pues bien, se acaban
de cumplir los primeros 10 años de la Carta Democrática Interamericana para una
región donde hoy no existen dictaduras,
pero sí gobernantes
sarcásticos frente al status quo panamericanista y poco dispuestos a respetar
el principio democrático de alternabilidad. Al contrario de aquel personaje de
Kraus, hoy también hay mandatarios dispuestos a dar ese
paso adelante,pero no para callar sino para hablar, Eso es lo que hizo el
presidente del Ecuador, Rafael Correa, en vísperas de la creación oficial de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Para él, es hora de
remplazar a la Organización de Estados Americanos (OEA), porque “es claro el
sesgo que ha tenido la OEA con respecto a países hegemónicos”. Además ante sus
ojos “ha sido un instrumento de política exterior de Estados Unidos… “.
Ecuador
sostiene con la OEA una relación que oscila entre el utilitarismo y el
enfrentamiento. Por ejemplo, Correa no dudó en pedir a la OEA la condena al
supuesto intento de golpe de estado del 30 de septiembre del 2010. La
Organización rechazó el posible asalto constitucional. Esos fueron momentos de
necesidad de un espaldarazo internacional que el presidente necesitó pese al
desdén con que ha mirado a este organismo. El secretario general, José Miguel
Insulza, en contraste con las fuerzas hostiles a Correa e incrédulas, acalló
las dudas con ésta contundente afirmación: “Yo lo llamo un intento de golpe,
cuando una institución del Estado como la Policía se insubordina contra la
autoridad legalmente constituida, eso es técnicamente una negación de la
democracia, un asalto a la democracia”
Es
cierto que la OEA está lejos de ser el manto bajo el cual la democracia
latinoamericana puede dormir tranquila. Su nulo accionar frente a rupturas
constitucionales, la última ocurrida en Honduras, ahondaron un sentimiento de
desconfianza en la región y en particular en el presidente Ecuatoriano, quien
duda de la importancia de la Carta Democrática Interamericana. La
legitimización de Porfirio Lobo como presidente hondureño hace pensar a Correa
que es urgente contar con “instrumentos mucho más fuertes para evitar que
estas cosas pasen y vuelvan a pasar”. Ecuador no ha reconocido al nuevo
gobierno de Honduras, porque en cierta forma se está cuidando sus espaldas,
pues tiene temor de otro 30 de septiembre.
En
este escenario Correa, quien amenazó en el 2009 con salirse de la OEA, tiene
dos agendas: una ideológica con miras a que en el exterior se vea que su
gobierno es uno de rupturas doctrinarias con Estados Unidos y con “satélites”
del imperialismo como la OEA; y, la otra agenda es práctica. Ésta ultima le
sirve para fines electorales, la retórica anti OEA y antimperialista le
ayudaría a captar votos de la izquierda ecuatoriana, cuyo adversario ideológico
es Washington y sus socios, llámese OEA o el Consejo de Seguridad de la ONU, al
cual el vicecanciller, Kinto Lucas, acusó de ser “prácticamente una dictadura
de las Naciones Unidas”.
En
este accionar de doble discurso, al Ecuador la OEA también le sirvió para
denunciar a Colombia por la violación a la soberanía durante la incursión a
territorio ecuatoriano para eliminar al líder guerrillero de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (Farc), Raúl Reyes. Pero a renglón seguido, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH –una entidad adscrita a la OEA- es
una amenaza para el Gobierno por escuchar las denuncias de atropellos de los
periodistas y por solicitarle al Estado información sobre el juicio que el
primer mandatario entabló en contra de diario El Universo. Correa desconfía de la CIDH por estar en
Washington y se pregunta: “¿Qué es lo que se intenta con eso? Imponernos la
visión de libertad de expresión anglosajona…. No es que esté cerrado a la
discusión, me molesta esa imposición que se asemeja a lo que vivimos en los
años 80 y 90 con el neoliberalismo y sus instrumentos: el Fondo Monetario y el
Banco Mundial”.
El
Presidente se equivoca al utilizar a Washington como excusa para atacar al
CIDH. Él reclama que este organismo debería estar en algún país
latinoamericano. Mas sin embargo , la Corte Interamericana de Derechos Humanos
está en Costa Rica y solo por mencionar un caso: el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, no ha acatado las sentencias desde San José. ¿Acaso Correa quiere
vulnerar los derechos humanos sin que nadie lo señale con el dedo? ¿Quiere el
Presidente seguir enviando a las fuerzas especiales de la Policía a las cortes
y a los hospitales para obligar a la fuerza a los médicos para que pongan la
renuncia? El testimonio del genetista Milton Jijón ofrece su testimonio de lo
que está pasando en Ecuador: “Correa mandó a la Policía armada a despedirme. No
firmé la renuncia. Después de golpearme, saquearon el departamento de docencia
y se llevaron computadoras y documentos. Los medios de comunicación vinieron
alarmados por una situación grotesca e inédita. Desde entonces el Gobierno usa
las cadenas nacionales para difamarme y agredir mi dignidad”. Alguien tiene que
denunciar que se están pisoteando los derechos de los ciudadanos como Jijón y
la CIDH tiene obligación de escucharlos así no le guste al mandatario.
Dice
el dicho “por sus acciones los conoceréis”, Correa ya está siendo conocido por
su mala fe o su ignorancia por poner en el mismo saco a una OEA política
e ineficaz y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mandatario
acusa a la Comisión de solo prestar atención a “la burguesía, los dueños del
gran capital”, pero pasa por alto que hasta este organismo han venido los
indígenas a denunciar a la multinacional Chevron-Texaco por la contaminación de
petróleo en la selva ecuatoriana; que también llegaron los casos de los
hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo; y, de Consuelo Benavídez, dos
sucesos vergonzosos sobre violación a los derechos humanos en Ecuador. La CIDH
dio la razón y sentenció a favor de las víctimas. Un presidente, con un
ostentoso currículo como él tiene, debería saber que por allí han pasado
premios Nobel de la Paz, dirigentes campesinos, víctimas de dictaduras y
perseguidos políticos pidiendo una intervención. Por lo tanto, cualquier
gobernante que se precie de respetar el valor inalienable de los derechos
humanos debe saber que la Carta Universal de los Derechos Humanos no está para
interpretaciones ideológicas ni para usos políticos, a los derechos de los
ciudadanos se los respeta o no se los respeta. Correa parece haber elegido
estar en el segundo grupo.
En
ese afán de distanciarse del “imperio” se sustenta en parte el entusiasmo del
presidente para apoyar iniciativas como la creación de Unasur. Ecuador acaba de
recibir la invitación para que considere su admisión como miembro pleno. Además
se convirtió en porrista para la creación de la Celac, que por el momento no es
más que una entelequia regional. Además le apuesta a la Alianza Bolivariana
para las Américas (ALBA), por ahora sin resultados que destacar. Ecuador ha
firmado unos 150 acuerdos de cooperación con Venezuela, solo tres de producción
petrolera funcionan. Teodoro Bustamante, profesor de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) es escéptico sobre el beneficio
para Ecuador de organismos como el Alba, porque “No se le ve una perspectiva
económica importante, sino que es un símbolo ideológico del presidente Correa,
que busca afirmarse en sus definiciones con los gobiernos que tienen retóricas
similares”. Visto así, si el ALBA no se sacude de ese estigma de pura demagogia
no será más que una ligera borrasca de verano.
A
la par de su relación ambigua con la OEA, Correa también tiene una relación que
oscila entre el utilitarismo y la hostilidad con Washington. A ratos se profundiza
y a veces se frivoliza por la arrogancia e intemperancia del presidente y
también por la falta de tacto diplomático, que desnuda la inexperiencia y una
ideología de izquierda ramplona de los políticos que manejan la política
exterior ecuatoriana. A la par que Ecuador expulsó en el 2009 a dos
diplomáticos estadounidenses –Max Sullivan y Armando Astorga– “por inmiscuirse
en asuntos internos… y de intento de condicionar ayuda económica asistencial”,
no le dio tiempo a que Washington dé una explicación sobre las filtraciones de
Wikileaks, que aseveraban que Correa eligió como comandante de la Policía a un
general presuntamente corrupto. La Cancillería le dio a la embajadora Heather
Hodges menos de 24 horas para que abandone el país. Como un contrasentido a su
política, el gobierno demandó de Estados Unidos la extensión de las
preferencias arancelarias; la extradición de los hermanos Roberto y Williams
Isaías, presuntos responsables de la peor crisis financiera del país en 1999; y
un trato justo para los inmigrantes. Todos estos pedidos demuestran el interés
de Ecuador de mantener vínculos con Washington, su principal socio económico,
sin embargo la errática política exterior confunde y deja en un estado de
perplejidad sin saber a qué el mismo juega al Gobierno.
En
el terreno comercial también la teoría se contrapone con la pragmática: no
libre comercio ni a tratados bilaterales de inversión, pero sí inversiones en
minería y petróleo, sí apertura de mercados sin condiciones y sí a la creación
de oficinas comerciales en Nueva York y la última en Chicago. Se han dado por
terminados los tratados de inversión con seis países. El tratado con Estados
Unidos está pendiente de análisis. Si no fuera por China, hoy por hoy
convertido en el principal acreedor de Ecuador, el país estaría viviendo un
ostracismo comercial, mientras la ideología y la demagogia todavía hacen ver
que Estados Unidos, abrumado por una crisis económica, es la gran potencia a la
que hay que temer. Once años de indiferencia hacia Latinoamérica de las
administraciones de George W.Bush y Barack Obama han debilitado la influencia
de Washington en la región. El sociólogo James Petras lo resume mejor: “Las
crisis económicas de los años 90 promovieron el nacimiento de nuevos actores
políticos y procesos electorales en casi todos los países de Latinoamérica,
profundizando el declive de la dominación imperial estadounidense”.
Conclusion
Los
deseos del Gobierno de buscar nuevos foros, en parte obedecen a la necesidad de
defender principios de soberanía que se han visto afectados cuando el país
enfrenta arbitrajes, que a juicio de Correa solo benefician a las
multinacionales de los países ricos. Por eso el país se desvinculó en el 2009
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Ciadi) al tiempo que promueve la creación de un centro de arbitraje
latinoamericano a través de Unasur. Cierto que la OEA es un organismo venido a
menos casi desde su fundación. Una de sus funciones es defender la
democracia y condenar las dictaduras militares, pero cuando las autocracias son
civiles y se alteran las constituciones para perennizarse en el poder sin dar
espacio a la alternabilidad, la OEA está atada de pies y manos. El
presidente Correa es muy dado a tomarse como algo muy personal las diferencias
ideológicas y eso es lo que está haciendo con su ataque al CIDH y con su
retórica desafiante ante la OEA. Pero la verdad sea dicha, por ahora para bien
o para mal no hay otra organización que se parezca a la OEA. Unasur está en
proceso de formación, la Celac es solo una aspiración y el Alba es la palestra
ideológica para airear sus desacuerdos con Estados Unidos.
Está
bien que el presidente tenga su ideología de izquierda, pero esa no debería
suplantar ni allanar los intereses del país, solo para cumplir objetivos
electorales. Correa está en pleno derecho de cuestionar a la OEA pero no solo
por su inclinación hacia Estados Unidos. Debería también objetarla por no
levantar la voz para denunciar que en la región no hay democracia en un amplio
significado de la palabra y por no prevenir a los latinoamericanos de que la
democracia no es solo ir a las urnas. Sería ideal que critique que la Carta
Democrática Interamericana es limitada por no dejar muy en claro que en un país
la separación de poderes debe ser innegociable para hablar de democracia. Estas
entre otras son las grandes fragilidades de la OEA, pero Correa quizá nunca
hará estos cuestionamientos porque en buen español él también tiene rabo de
paja.
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