Una nueva buena noticia se genera desde la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), después de que se informara que ya hay 6 países integrantes que han entregado información oficial de sus gastos militares, con el objetivo de avanzar en las medidas de confianza mutua y dando cumplimiento a un acuerdo de noviembre de 2011, en el marco de una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa Suramericano realizado en Lima, como producto de un trabajo colegiado entre Chile, Perú y Ecuador que desde hace tres años vienen estudiando una proposición de metodología común para producir esta información y que a su vez ya había sido experimentada entre Argentina y Chile, con el mismo objetivo de consolidar sus pasos integracionistas y despejar obstáculos propios del secretismo militar.
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay son los primeros en cumplir con la información que abarca el período 2006-2010, y según el comunicado oficial de UNASUR, se espera que el resto de países lo haga más adelante. Es indudable que este hecho es de gran relevancia, porque demuestra varias cosas.
Primero, que es posible avanzar en una metodología común para medir los gastos militares, sobreponiéndose a enormes diferencias nacionales que existen al respecto sobre la composición, la estructura y la medición de estos en los respectivos presupuestos nacionales. Incluso teniendo en cuenta que en varios países todavía existen mecanismos automáticos de asignación, gastos reservados y otros aspectos que no son totalmente transparentes. Esta posibilidad de estandarización hará más verosímil el gasto de cada uno relacionado con su respectivo PIB y comparado con el resto de países de la subregión.
Segundo, que el Consejo de Defensa Suramericano ha demostrado que se puede avanzar paulatinamente en una agenda común de mediano y largo plazo, muy necesaria para estos países, y que van constituyendo un acumulado de experiencias, métodos de trabajo, formas de resolución de las diferencias y una línea continua entre cada una de las direcciones pro témpore.
Tercero, que pueden existir diferentes velocidades entre nuestros países, producto de muchas causales políticas, estratégicas e históricas, pero que existe una tendencia hacia el cumplimiento de la totalidad de los compromisos por el conjunto de estados. En la medida que algunos puedan cumplir con mayor diligencia los compromisos, ayudan a generar un ambiente proactivo y el retraso del resto no se transforma en un drama mayor, ni en un obstáculo para los que puedan avanzar en forma más célere.
Cuarto, que superadas estas trabas que antaño eran parte del fundamento mismo del secretismo de las políticas de defensa, queda un amplio margen para concentrarse en otras materias de mayor urgencia, que exigen del mismo modo condiciones superiores de cooperación. Esta medida de confianza mutua nos habla de manera muy clara de que estos temas de la vieja agenda de seguridad pueden superarse con mayor facilidad, puesto que en términos generales prácticamente han desaparecido las causas y los ambientes políticos que permitían un manejo elitista y compartimentado de los esfuerzos de inversión en defensa por parte de los estados.
Pero a partir de este importante logro es necesario seguir insistiendo en otros aspectos relacionados que también se requieren y pueden ser un aporte a una región más integrada y segura.
Por lo pronto, poner plazos al cumplimiento de este acuerdo para los países restantes, a propósito del buen ejemplo de los seis que ya han entregado su información. En la medida que esto se realice también tendrá repercusiones positivas en el ámbito político de la región, puesto que demuestra seriedad, compromiso, agendas de largo plazo, esfuerzos consensuados. Por esta senda, la región se constituye en un actor importante en el espacio global, demostrando con hechos concretos la primacía de la cooperación y el consenso.
También es necesario seguir avanzando en esta batería de medidas. Poder medir en forma común y comparada nuestros gastos militares, abre la puerta para profundizar posteriormente en los inventarios de las fuerzas armadas.
Pero también es necesario insistir en un aspecto crucial. Si bien toda iniciativa por la transparencia de las políticas públicas es bienvenida, no debemos olvidar que la cuestión de fondo seguirá siendo la definición político-estratégica de los estados en el campo de la seguridad y la defensa, en la obsolescencia de las hipótesis de conflicto vecinales, en la urgencia de la cooperación intra regional y en una visión común de la seguridad cooperativa.
En ese momento la transparencia sobre los gastos militares se conjugará armoniosamente con otras definiciones políticas del quehacer estatal y esperemos que en un futuro próximo deje de ser una medida de confianza mutua para ubicarse como una variable más del accionar conjunto y cooperativo de una comunidad de países con intereses y objetivos compartidos.
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