Todo por el poder en Centroamérica

Centroamérica es una tramoya en la que conviven tragedias y comedias políticas. Desde enero de 2007, las leyes e instituciones que dificultosamente construían la frágil democracia nicaragüense a partir de 1990, han sido pasto de la obsesión continuista del presidente Daniel Ortega. Por la indolencia de una clase política corrupta, fragmentada y prebendaría, y a vista y paciencia de la comunidad internacional, Ortega ha logrado entronizarse en el poder, imitando a sus mecenas políticos y financieros: los hermanos Castro, en Cuba, y Hugo Chávez, en Venezuela. Por su parte, la presidenta Laura Chinchilla, de Costa Rica, quien ha perdido la batalla política en la Asamblea Legislativa de su país sin encontrar la forma de resolver el acuciante déficit fiscal que enfrenta su administración, ha trasladado el teatro de operaciones a una estéril disputa fronteriza con Nicaragua, poniéndole a Ortega, en "bandeja de plata", las municiones necesarias para exacerbar en Nicaragua un falso patriotismo y un nacionalismo de ocasión a los que ha sacado pingues réditos políticos, incluida su ilegal reelección.

Los comicios del 6 de noviembre pasado en Nicaragua fueron una auténtica mascarada política, constatada por las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, y aunque éstas no señalaron abiertamente el fraude, sí lo insinuaron con el típico lenguaje hiperbólico de la diplomacia. Pero el inefable secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no tuvo empacho para unirse de comparsa, declarando que ese día "en Nicaragua avanzó la democracia y la paz". Luego quiso rectificar y dijo que no había querido decir lo que dijo y mandó a retirar su desaguisado del portal de la OEA. Sin embargo, quedó clara su complacencia y complicidad con las arbitrariedades sobre las que Ortega edifica su régimen autoritario, al igual que lo hace con las de Hugo Chávez en Venezuela.

Mientras la hambruna se extiende por las zonas rurales de Guatemala y los cárteles de la droga y sicarios mexicanos se apropiaban de amplias zonas del territorio nacional, el país vivía su propia mascarada política. La gobernante familia Colom buscó desesperadamente prolongar su estadía en el poder. Álvaro, el Presidente, y Sandra, su esposa y Primera Dama, escenificaron un divorcio de conveniencia para eludir el precepto constitucional que le impedía a ella presentarse como candidata a las elecciones de septiembre 2011, pero a diferencia de Ortega, los Colom no tuvieron comparsa. Los tribunales la inhibieron por haber cometido "fraude de ley".

La salida de la contienda electoral de la fraudulenta ex-primera Dama abrió las puertas para que en el balotaje se encontraran dos candidatos de derechas: el general retirado Otto Pérez Molina, quien según organismos de Derechos Humanos tiene las "manos manchadas de sangre", un viejo zorro de la guerra sucia en Guatemala que ofrece "puño de hierro" para restaurar a sangre y fuego la seguridad perdida; y el millonario populista Manuel Baldizón. Triunfó Pérez Molina, quien ahora promete restaurar la seguridad pública en seis meses.
Honduras no termina de restañar las heridas de la crisis política desatada por las ambiciones continuistas del depuesto presidente Manuel Zelaya y la incapacidad de la clase política hondureña, cuyos dirigentes recurrieron a los militares para deshacerse de Zelaya. Recientemente este país fue sacudido por la ejecución de dos jóvenes a manos de policías, cuatro de los cuales guardan prisión y los otros cuatro se fugaron con la complicidad de sus custodios. La cúpula policial fue barrida y 176 agentes están siendo procesados por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En El Salvador, recientemente incluido por Washington en la "Lista de los Grandes" países de tránsito de la droga, el presidente Mauricio Funes ha reconocido la existencia de un cártel autóctono de la droga en el que participan políticos, empresarios, policías, funcionarios judiciales y autoridades municipales. Funes ejecuta -hasta ahora con relativo éxito- un complicado acto de equilibrismo político entre sus posiciones moderadas y el extremismo ortodoxo de la vieja guerrilla salvadoreña. Además, sin mayores explicaciones, renunció el Ministro de Seguridad y Justicia, aunque se rumorea que por presiones de Washington y se desconoce cómo afectará su dimisión a la Policía Nacional Civil. Lo que sí queda claro es el rechazo de más de 10 organizaciones civiles al nombramiento de su reemplazo, el general retirado David Munguía Payés, un militar "entrenado para destruir al enemigo y no para brindar seguridad ciudadana", según un destacado sacerdote jesuita, quien aseguró además que ese nombramiento era un "error político" del presidente Funes.
Pero todo esto no parece poco. De nuevo la naturaleza, espoleada por los severos daños al medio ambiente, ha castigado a Centroamérica, que en octubre de 2011 sufrió los efectos negativos de una depresión tropical. Tres semanas de lluvias torrenciales anegaron El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica, afectando a 2.6 millones de personas. Un informe de la Cepal, presentado en San Salvador el 16 de diciembre pasado, estima que se necesitarían al menos US$ 4.329 millones para la rehabilitación, reconstrucción, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en esos cinco países.
Año tras año Centroamérica acumula mayores niveles de daños y vulnerabilidad, y en tal sentido hay agravantes que deben ponerse sobre la mesa: ausencia de políticas y planes efectivos de prevención y gestión de riesgo; burocratización de las agencias de Defensa Civil; inexistencia de políticas de distribución racional de la población en el espacio, buena parte de la cual vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y en zonas de alto riesgo; y la lenta y poco eficiente capacidad de respuesta para mitigar los efectos de los desastres.
Por ello, es deplorable que los gobiernos centroamericanos vivan a expensas de la generosidad de la comunidad internacional, y censurable que se hayan acostumbrado, sin el menor asomo de rubor, a extender la mano como indigentes internacionales sin asumir las responsabilidades que tienen con sus gobernados. ¿Para qué, entonces, quisieron ser electos? ¿Qué dicen ahora quienes los eligieron?