Privatiza EE.UU. lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos privatiza la lucha contra el narcotráfico con contratos millonarios a empresas que utilizan mercenarios, según indica hoy el Pentágono. La Secretaría de Defensa anunció que como parte de esa política se otorgan contratos a empresas privadas para prestar asesoría, capacitación y realizar operativos en países productores de drogas y con vínculos al llamado narcoterrorismo. Estas compañías emplean mercenarios y sus tácticas están libres del escrutinio público y político, plantean críticos de esos planes.

La sección de prensa del Pentágono confirmó que, en 1995, se estableció la Oficina de Programas de Tecnología Contra el Narcoterrorismo (Cntpo), para el apoyo administrativo de programas en una amplia gama de actividades antinarcóticos. El teniente coronel James Gregory, vocero del Pentágono, precisó que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los conflictos en Irak y Afganistán se incrementó la necesidad de adquirir estos servicios.

Los mayores contratos fueron entregados a las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. Training Center, una subsidiaria de Blackwater, conocida por el empleo de mercenarios en varios países del mundo, informó Gregory. Al abordar la situación, Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA), un centro de investigación en Washington, señaló que esta práctica responde a que el gobierno estadounidense de una manera subrepticia quiere reducir el presupuesto de la lucha antidrogas transfiriéndola a las agencias privadas.

Por su parte Gregory apuntó que los contratos son jugosos pues la Cntpo cuenta con un presupuesto de 15 mil millones de dólares. Bruce Bagley, jefe del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y experto en el tema del narcotráfico mundial, valoró que una de las razones que impulsan a Washington a realizar estas actividades es el alto costo político. Aquí entramos en un área imprecisa, donde las normas de combate no son claras y hay casi cero responsabilidad con la opinión pública o el electorado, agregó el catedrático. Pocos miembros de los Comités de Supervisión del Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses están al tanto, pero ellos tienen la obligación de guardar secreto, así que todo esto vuela bajo el radar, subrayó.

Bagley sostuvo que la labor en el terreno de estas unidades está acompañada de riesgos si ocurrieran imprevistos que impliquen violaciones al derecho humanitario y se vincule a Estados Unidos con ellas.