América Latina: Cómo exterminar la corrupción policial

·     En un mundo utópico, América Latina dispondría de recursos económicos infinitos con los que diagnosticar y remediar la corrupción policial que afecta a tantos países de la región. Sin embargo, a raíz de restricciones presupuestarias, el tratamiento de este mal debe circunscribirse a los recursos económicos disponibles.

·         Tres son las medidas básicas que deberán adoptar los países latinoamericanos contra la corrupción: apartar de su cargo a los funcionarios culpables de la cúpula policial, montar un mecanismo que controle el desempeño de los funcionarios inocentes y de los agentes incorporados en reemplazo de los culpables, y aumentar la remuneración de la totalidad del personal policial. De analizarse algunos ejemplos de intentos fallidos y parcialmente exitosos por exterminar la corrupción en México y Perú, es posible comenzar a justificar la necesidad de emprender estas tres acciones fundamentales.

·       Un problema no contemplado por las reformas policiales es la intimidación que sufren los agentes policiales y sus familias por parte de las organizaciones de narcotráfico. Si bien es preciso defender a los agentes ante estas amenazas, la seguridad de cada agente depende de la seguridad del país en su conjunto.

La corrupción infecta a las fuerzas policiales en casi la totalidad del hemisferio: enquistado en el continente americano, este mal se extiende desde las más altas cúpulas policiales hasta las dependencias policiales más humildes. Dado que tal vicio policial poco tiene de nuevo en América Latina, se han realizado ya varios intentos por rectificar a la fuerza protectora de la sociedad. En un mundo utópico, curar definitivamente la corrupción policial significaría evaluar con detenimiento a cada agente, contratar a conciencia a los reemplazantes de aquellos agentes corruptos, incrementar con juicio la remuneración policial, asegurar mejor a los agentes y sus familias, organizar eventos que fomenten el espíritu de equipo, brindar suficiente capacitación, controlar el desempeño policial e imponer penas más severas a aquellos agentes culpables de corrupción.

En términos realistas, los países latinoamericanos no disponen de los recursos necesarios para poner en marcha estas medidas, pero a pesar de restricciones, dimensiones y contratiempos, sanar la corrupción policial no constituye un problema sin solución. Al contrario, echar mano de los recursos ya disponibles y establecer un firme liderazgo pueden ser algunos de los primeros procedimientos aplicables en América Latina con el objeto de extirpar el tumor de la corrupción.

Son tres las medidas básicas que reducirán la corrupción policial a largo plazo. Dos de las prácticas recetadas estriban en conformar un selecto grupo de agentes honestos, separados con criterio de sus antecesores corruptos, e instaurar un sistema de rendición de cuentas para el personal restante. La tercera acción consiste en desalentar la aceptación de sobornos menores a nivel local mediante el aumento de la remuneración policial y el despido de agentes culpables de corrupción. Tales medidas pueden ponerse en marcha con escasos recursos y con la férrea voluntad política de encarrilar la conducta de la nueva fuerza policial.

Con la mirada en la cúpula

En su campaña contra la corrupción, los Gobiernos latinoamericanos entienden que el saneamiento debe comenzar por la cúpula policial. Si bien la corrupción resulta endémica en toda la fuerza, en razón de las limitaciones gubernamentales, concentrarse en la cúpula policial supone una utilización eficaz de los recursos disponibles. Tal medida, sin embargo, por sí sola es insuficiente.

Ollanta Humala, el presidente de Perú, hace poco efectuó una purga semejante. En octubre, Humala ordenó el retiro de 30 de los 45 generales de la Policía Nacional de Perú. Algunos de los funcionarios fueron apartados de su cargo por edad avanzada, pero la mayoría de los agentes fueron apartados de su cargo con el objetivo de contrarrestar la corrupción pública peruana enderezando el rumbo de su fuerza policial. El Ministro del Interior de Perú, Óscar Valdés Dancuart, declaró que, debido a las restricciones presupuestarias, “[e]sto va a ser muy saludable para la Policía”.

Concentrarse en la cúpula policial resulta más eficaz que recurrir a depuraciones masivas que, como ha quedado demostrado, en su mayoría no surten efecto en países latinoamericanos que procuran mantener fuerzas policiales profesionales a largo plazo. Tal demostración consta en que, desde la asunción en 2006 del presidente de México, Felipe Calderón, se han despedido a agentes policiales en una serie de depuraciones masivas: en 2007, 284 funcionarios de la cúpula policial fueron apartados de la fuerza; en noviembre de 2009, todos los 1.142 agentes de tráfico de Monterrey fueron depuestos del cargo; en agosto de 2010, fue ordenado el despido de 3.200 funcionarios, alrededor del 10% de la fuerza policial federal; y en octubre de 2011, 1.000 agentes de la Policía Estatal fueron dados de baja. No obstante, tomadas en conjunto, estas depuraciones han logrado un éxito sorprendentemente pequeño. John Bailey, profesor en la Universidad of Georgetown, explica que la fuerza policial en México aún atrae a hombres y mujeres por sus incentivos: a los aspirantes les interesa más la posibilidad de acrecentar sus ingresos (a menudo de manera ilegal) que servir a la comunidad. Según Bailey, los incentivos y la inexistencia de control alguno, ya sea interno o externo, conjuntamente engendran esta corrupción endémica. Cuando se depura a la fuerza policial de modo tan abarcativo y no se reponen agentes con celeridad, el mantenimiento del orden público corre el riesgo de desmoronarse. A causa de la gran cantidad de puestos renovados, se dificulta controlar a todos los nuevos reclutas, que cumplen los requisitos de poseer antecedentes intachables y el ánimo de servir a la comunidad.

Las depuraciones masivas no sólo resultan crónicamente ineficaces, sino también agravan el desgobierno nacional. Bailey añade que las bajas colectivas de la fuerza policial azuzan la criminalidad en vez de apaciguarla. Zulia Orozco, investigadora en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, expresa la misma preocupación que Bailey: “¿Qué se va a hacer con los policías que no pasan [los detectores de mentiras]? Podrían terminar en la calle sin empleo y podrían ser reclutados por el crimen organizado.” De ello se desprende que, al despedir a agentes que probablemente sean captados por organizaciones de narcotráfico, el Gobierno no hace otra cosa que multiplicar los índices nacionales de criminalidad.

En vez de depurar a la fuerza policial masivamente, tanto México como otros países latinoamericanos deberían priorizar el alistamiento de los funcionarios que integrarán la cúpula policial, lo cual permitirá a los Gobiernos con escasos recursos actuar de manera más rigurosa y crítica en la evaluación de personal policial de mayor jerarquía. En caso de deponerse del cargo a funcionarios de mayor categoría, deberá procederse con meticulosidad y un criterio justo, de modo que los despidos sean considerados legítimos tanto en las filas policiales como en todo el país. Por ejemplo, en 2001, respecto del encargo del Ministerio del Interior de Perú de emprender reformas de la estructura policial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional manifestó que los agentes policiales de bajo rango apoyaron la reforma, pero aquellos de alto rango con intereses personales en el statu quo se opusieron al proyecto. Los funcionarios corruptos de mayor jerarquía deben ser apartados de su puesto antes de que se efectúe la depuración. Aunque Humala hizo bien en apuntar a un reducido grupo de funcionarios policiales, se criticó al presidente de Perú por haberse precipitado en procesar a los imputados de corrupción sin haberles ofrecido el patrocinio letrado correspondiente. Como era de esperarse, al menos uno de los generales despedidos denunció falsa acusación.

Concentrarse en la cúpula policial supone también una segunda ventaja: los investigadores pueden dedicar más tiempo y esmero a cubrir cada cargo. Nada resolveremos con el despido de agentes culpables de corrupción si sus cargos no son ocupados por reemplazantes inmunes a la corrupción. Al haber menos cargos sujetos a renovación, pueden aplicarse pautas estratégicas más rigurosas. O bien, otra posibilidad radica en que los cargos de los agentes despedidos sean asignados a los agentes restantes que hayan demostrado su idoneidad. Por ejemplo, en la Policía Nacional de Perú, Humala redujo la cantidad de generales de 57 a 27 y dispuso que estos 30 cargos quedaran permanentemente vacantes. Así, al estructurar una jerarquía policial más piramidal con menos cargos en el ápice de la pirámide, el Presidente de Perú apuntaló el poder de sus generales. Si bien es todavía muy pronto para saber si las reformas peruanas hacen mella en la corrupción, es posible que centrarse en la cúpula policial y robustecer su autoridad constituyan opciones viables tanto en Perú como otros países latinoamericanos. Dicho esto, es posible que combinar numerosas funciones, más allá de afianzar el mando honesto de la cúpula policial, entrañe concentrar demasiado poder en manos de muy pocas personas, lo cual podría resultar tan peligroso como la situación de la que se procura escapar.

La vigilancia tras la depuración

Urge controlar con efectividad a la fuerza policial mediante un organismo policial independiente, de modo que los agentes entrantes no cometan los mismos errores que aquellos salientes. Por lógica, la responsabilidad de este control recaería en el Ministerio del Interior de cada país o en algún otro ente regulador debidamente autorizado. Por ejemplo, durante 2001, en Perú se empleó el Ministerio del Interior, representado por la Comisión de Reestructuración y Modernización de la Policía Nacional del Perú, a fin de supervisar y mejorar a la fuerza policial. En 2001, este proyecto se vio frustrado por funcionarios de la cúpula policial que se oponían tenazmente a la iniciativa, pero aquellos funcionarios, en teoría, ya se encuentran expulsados de la fuerza policial en la actualidad. Por consiguiente, es el momento perfecto para que Humala pueda modernizar la imagen del Ministerio del Interior, publicitar su empeño en mejorar a la fuerza policial y seguir avanzando sin dejar de vigilar a los nuevos funcionarios de la cúpula policial. Así es más probable que los agentes restantes acaten las directivas del proceso, pues los generales de la Policía Nacional de Perú que conservan sus cargos, según se estima, no son otros que aquellos que no formaban parte del statu quo de la corrupción.

Aumentar la remuneración policial

Como tercer medicamento contra esta dolencia se prescribe el análisis pormenorizado de los sobornos menores que reciben los agentes policiales a nivel local. En abril de 2011, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó un informe donde pone de relieve que es el escaso salario en Perú la causa principal de esta clase de corrupción. De acuerdo con el informe, los agentes policiales peruanos tienen la voluntad de servir a la comunidad, pero carecen de la capacitación y el equipamiento necesarios. Al ser el estado de ánimo pésimo, la remuneración bajísima y la corrupción incontenible, se encuentra profundamente enraizado en la población un mal concepto de la fuerza policial en general. Se han registrado casos de cohecho donde agentes policiales no sólo aceptan con gusto dádivas de soborno, sino también solicitan estas coimas a fin de complementar su salario.

A la vista de su remuneración, no es de extrañar que los agentes policiales acepten sobornos por necesidad, una circunstancia que se reproduce en toda América Latina. Un excelente ejemplo es México, donde la retribución percibida es extremadamente baja y el arraigo de “la mordita” constituye el reconocimiento implícito de la venalidad nacional. En términos específicos, la remuneración anual promedio de un agente policial en México ronda los 8.040 dólares, lo cual no es óbice de que algunos agentes ganen tan sólo 3.144 dólares. En ambos casos, la suma resulta notablemente inferior al ingreso per cápita en México de 9.812 dólares. Los agentes procuran complementar estos míseros salarios por necesidad. Asimismo, conforme a un estudio del Comité de Seguridad Pública del Senado de EE. UU., los funcionarios estatales y municipales en México pueden ganar hasta 7.000 pesos (517 dólares) al mes, lo cual casi duplica su salario, si se involucran en operaciones ilícitas con grupos delictivos. Es decir, el funcionario mal pago puede multiplicar sus ingresos simplemente haciendo la vista gorda.

Es esencial que los Gobiernos latinoamericanos eleven la remuneración policial, de modo que cada agente pueda defenderse a sí mismo y a su familia por la vía legal. Tal medida contribuiría al aniquilamiento de la corrupción de aquellos agentes con ánimo de servir a la comunidad, pero sin ingresos para sustentar a su familia. No toda la corrupción se erradicará mediante un aumento remunerativo, pues la codicia es un vicio enterrado profundamente en la psiquis humana, pero mientras los agentes corruptos sigan actuando con impunidad, elevar la remuneración de la fuerza policial a fin de amputar la corrupción por sobornos menores es ciertamente un buen comienzo.

Las organizaciones de narcotráfico: la dolencia irremediable

Resta abordar la situación en que los agentes policiales, por miedo a ser heridos o asesinados, cometen actos deshonestos de manera anticipada. Independientemente del salario policial, si los agentes o sus familias corren peligro, no cuesta entender el motivo de su comportamiento. Por ejemplo, es habitual que los agentes policiales en México reciban las opciones de “plata o plomo”: o aceptan el soborno o aceptan la muerte. Tal problema prolifera en gran parte de América Latina y aún permanece sin solución.

Comenzando a exterminar la corrupción

En razón de los escasos recursos y la penetrante corrupción policial en América Latina, cada gobierno de la región debe idear una estrategia adaptada específicamente a sus necesidades y capacidades. Aleccionador resulta el efecto de las medidas contra la corrupción policial implementadas en México y Perú, aleccionador sobre todo para las autoridades políticas del hemisferio que procuren consolidar la integridad de los funcionarios de su cúpula policial. Las acciones que cada gobierno puede emprender incluyen la evaluación minuciosa del desempeño de los funcionarios de mayor jerarquía en la fuerza policial, el reemplazo a conciencia de aquellos culpables de corrupción, la instalación de un sistema por el que los funcionarios de alto rango sean controlados por un organismo independiente y el aumento de la remuneración policial: todo ello con el objetivo de que los agentes policiales no se vean obligados al cohecho por necesidad. Tales medidas exigen recursos y el inexorable compromiso político de las autoridades nacionales. Bien entendido que así no se podrá exterminar la corrupción en su totalidad, con estas tres medidas empieza a vislumbrarse cómo proceder en el exterminio de la corrupción en América Latina.