El fin del narcotráfico no implica la desaparición del conflicto

“Tanto en los Estados Unidos como en Colombia se ha considerado que suprimir la producción de droga u otra economía ilegal significa suprimir el conflicto armado”, asegura Felbab-Brown, investigadora del Brookings Institution, un reconocido centro de investigación con sede en Washington D.C. En Afganistán se lucha por  erradicar la amapola, mientras que en Colombia el blanco han sido los cultivos de Coca. Esta política parte del hecho de que los grupos armados ilegales se lucran de la droga y otras economías ilegales. Felbab-Brown ha estudiado la relación entre conflictos armados y economías ilegales en países tan distintos como Afganistán, Perú, Irlanda del Norte, Birmania y Colombia. Después de recorrer Cúcuta, Medellín y Tumaco, llegó a la Universidad Javeriana el pasado martes 25 de enero. En una conferencia convocada por Nuevo Arco Iris y el grupo de investigación Estado, Conflictos y Paz de la Javeriana, la estadounidense compartió las conclusiones de su reciente libro Shooting Up - Contrainsurgencia y guerra contra las drogas.

Si la guerra contra las drogas no ha tenido éxito, es por varias razones: primero que todo, es difícil para el Estado obtener un control total sobre las economías ilegales. Si hay una persecución fuerte de una economía ilegal, los grupos armados muchas veces se mueven a otros lados o expanden a otras economías. Esto se ha visto en el caso de la cocaína en Colombia. Por un lado, los cultivos parecen trasladarse a otras regiones e incluso a otros países. Por otro, se complementa la economía basada en la cocaína con otras fuentes de ingreso, como las extorsiones y los secuestros, explica la investigadora.
Sin embargo, el principal argumento de Felbab-Brown es que más allá de los recursos económicos que representa la economía ilegal, también genera un apoyo popular pues amplios sectores de la población viven de ella. En Afganistán alrededor del 10 por ciento de la población depende directamente del cultivo de la amapola para sostenerse. En México se calcula que hay unas 100.000 personas que viven de la producción de droga. “Cuando otras fuentes de legitimidad fallan -cuando se disuelve la ideología de los grupos terroristas con el tiempo, cuando los grupos armados se vuelven muy brutales, cuando las otras fuentes de legitimidad desaparecen-  el apoyo que derivan de la economía ilegal es suficiente para mantenerles por mucho tiempo.”
Sin duda hay diferencias entre cada país y cada grupo armado ilegal. Por eso Felbab-Brown, quien también es profesora de estudios en seguridad de la Universidad de Georgetowm, ha realizado una investigación comparativa, en la que se afirma que el capital político que un grupo dado puede obtener depende de 4 factores:
Primero, del nivel del desarrollo económico del país. ¿Tiene el país suficientes empleos legales como para satisfacer las necesidades de la población? Hay diferencias grandes entre Colombia, Perú, e Irlanda del Norte. Tanto el IRA (Ejército Republicano Irlandés) como los grupos armados ilegales pro Gran Bretaña participaron en el narcotráfico. Pero mientras que Sendero Luminoso en Perú y los talibanes en Afganistán obtuvieron mucho apoyo popular porque la gente dependía de la economía de la droga, en el caso de Irlanda del Norte, esto les afectó políticamente, porque ahí la cadena del narcotráfico no representaba “empleos”.
El segundo factor es el carácter de la economía ilícita. ¿Genera muchos empleos o no? Cuando la economía representa una oportunidad de trabajo para muchas personas, genera una base de apoyo para el grupo armado ilegal.
Tercero, puntualiza Felbab-Brown, el grupo armado ilegal puede ganar más legitimidad si juega un papel independiente de “protector” de la gente, frente a otros narcotraficantes repudiados debido a su brutalidad y frente al Estado. En el momento que el grupo armado ilegal tome control sobre toda la economía ilegal y la monopoliza, cambia su relación con la población y el apoyo se reduce.
El cuarto factor, decisivo para el capital político de los grupos armados ilegales, es la respuesta del Estado. Cuando el Estado actúa de una manera represiva, intentando destruir a toda costa la economía ilegal en zonas done no hay otras opciones, el apoyo es mayor al grupo ilegal, según los resultados de la investigación de Felbab-Brown, quien ofrece algunas  recomendaciones:
“Si un gobierno quiere reducir un conflicto, no debería de intentar suprimir una economía ilícita que represente muchos empleos, si no existe una economía legal donde la gente pueda encontrar trabajo”. La investigadora no cree que la legalización sea la solución. Tal vez se podría intentar dar licencias en algunos casos. También se puede decir que algo es ilegal, sin dedicar demasiados recursos para perseguirlo, explica. Sin embargo, ni la represión ni la legalización de una economía ilegal tendrá éxito, si no se resuelve el conflicto y asegura el control territorial.
Se pueden enfocar los esfuerzos en las organizaciones ilegales, en lugar de atacar a los campesinos que cultivan la coca, la amapola etc.  Pero si se opta por la criminalización, tiene que haber recursos para garantizar el cumplimento de la ley. También hay que asegurar que la gente interiorice las leyes,  que ello represente un avance en sus vidas, afirma.  Al fin y al cabo, depende mucho de la capacidad del Estado de atender las necesidades socioeconómicas de la población. “En lugar de preocuparnos tanto por la distinción entre lo legal  y lo ilegal, deberíamos considerar la delincuencia como una competencia del Estado. La mejor forma de atender el crimen es mostrarle a la población que puede progresar en la vida sin tener que acudir a actividades ilegales”